Perspectiva
La palabra "Política" proviene del vocablo griego "polis" que, esencialmente, significa "ciudad" y — por extensión — "asentamiento permanente de seres humanos".
La Historia nos relata que la estructura política de la antigua Grecia
se hallaba construida sobre la base de pequeñas comunidades, altamente
independientes y virtualmente soberanas, nucleadas alrededor de los más
importantes centros urbanos. La urbe, es decir: la polis, se
convirtió así en la unidad orgánica esencial de las comunidades
aglutinadas a su alrededor. En consecuencia, toda la actividad
relacionada con la organización de esas comunidades se refería
principalmente a la polis misma. De allí el nombre de política que se le dio a la ciencia, estudio o tratado relacionado con la vida de la polis.
En ese ámbito de comunidades reducidas y en gran medida independientes,
la ciencia política no podía pasar de ser una disciplina que analizaba —
en forma más o menos sistemática — las estructuras que regulaban la
vida social de la época. De hecho, para los griegos, Política, Ética y
Economía formaron parte de lo que llamaron la "filosofía práctica".
Debe destacarse, sin embargo, que desde la óptica política de los
griegos de hace más de 2.000 años atrás, resultaba igualmente válido
basar la especulación política sobre hechos abstractos que fundamentarla
en hechos concretos. La clásica disputa de Platón y Aristóteles es,
probablemente, el mejor ejemplo de ello.
Mientras que en la Politeia de Platón hallamos la descripción de un Estado ideal, en la Política
de Aristóteles encontramos un rigurosos sistema de datos aportados por
la observación, la comparación y la investigación de la realidad. Así,
Platón nos describe un Estado hipotético, con sus artesanos, sus sabios y
sus guerreros; su ordenamiento eugenético y económico; culminando el
esquema en la figura de un "rey filósofo" que representa probablemente
uno de los imposibles políticos más estupendos que jamás se hayan
imaginado. Aristóteles, por el contrario, nos habla de las distintas
"formas" concretas del Estado; de las distintas Constituciones vigentes
en su época y del proceso dinámico de cambio que ya se observaba en
aquellos tiempos, con regímenes políticos que oscilaban entre
monarquías, aristocracias y repúblicas, con sus respectivas desviaciones
patológicas de tiranías, oligarquías y demagogias [1].
De este modo, desde el mismo origen de nuestra cultura venimos
arrastrando dos enfoques sustancialmente distintos de la Política. Uno
de ellos, desde una óptica normativa, pone énfasis en los objetivos de
la polis; el otro, desde una visión pragmática, se concentra
prioritariamente en las condiciones, las posibilidades y los límites
impuestos a la voluntad de organizar esa misma polis.
A este planteo dialéctico lo podemos rastrear en Occidente a todo lo
largo y ancho de la Historia de la Política. Tanto en el relato
histórico de los hechos políticos como en el devenir de las tendencias,
doctrinas o ideologías políticas, siempre hallaremos, o bien cierta
preeminencia de la especulación normativa, o bien un mayor énfasis
pragmático. Esta tensión, establecida entre los extremos virtualmente
opuestos de lo deseable por un lado y lo posible por el otro, es quizás
el factor principal que hace de la Política algo dinámico, polémico,
deliberativo y frecuentemente controvertido.
La Ciencia Política actual
Lo que no hay que perder de vista es que, tanto el criterio de necesidad
como el de factibilidad dependen fuertemente del ser humano que se
dedica a la Política. Lo que para algunos es una necesidad imperiosa,
para otros puede ser completamente superfluo. Lo que para algunos es
completamente imposible, para otros puede ser algo relativamente
sencillo. En esto influyen mucho las idiosincrasias, los talentos, las
capacidades, las predisposiciones y las vocaciones de los distintos
Pueblos, así como también las condiciones, las oportunidades y las
dificultades que brinda el medioambiente.
Por eso, un estudio objetivo de la Política debe abarcar fundamentalmente al menos tres grandes cuestiones:
- La causal constitutiva del organismo político.
- El sentido esencial de la organización política
- Las formas institucionales que regulan la vida del organismo político.
Estas tres grandes cuestiones plantean el "por qué", el "para qué" y el "cómo" de la Política. Inquiriendo acerca de la causal constitutiva nos preguntamos por qué se forman los organismos políticos. Cuando investigamos el sentido esencial de una organización política nos preguntamos para qué (o con qué fines)
se ha constituido y organizado ese organismo político. Finalmente,
cuando estudiamos las formas institucionales, lo que en realidad
queremos saber es cómo funciona el organismo político.
La investigación sistemática de todos estos temas es posible dentro del
ámbito de una disciplina a la cual conocemos actualmente bajo el nombre
de Ciencia Política.
Tomada en conjunto, la Ciencia Política es una de las ciencias más
jóvenes que tenemos. Prácticamente, puede decirse que nuestra Ciencia
Política actual nace como consecuencia de la crisis del Estado burgués
del Siglo XIX, diferenciándose poco a poco de las disciplinas jurídicas,
económicas e históricas que — de algún modo — habían oficiado de
sustitutas, impidiendo un enfoque específico de la Política.
A destacar en todo caso, es que, a consecuencia de esta relativa
juventud — a la que se suma un considerable manipuleo ideológico — la
Ciencia Política, tal como se la enseña y concibe en la mayoría de los
ámbitos académicos, presenta un margen bastante amplio de ambigüedades e
imprecisiones.
En el panorama de la Ciencia Política actual podemos distinguir tres grandes áreas o subdivisiones:
- Un estudio de las Constituciones, los sistemas jurídicos y los
gobiernos, con la posibilidad de desarrollar especializaciones en
Derecho Comparado y en carreras de Administración Pública.
- Una subdivisión específicamente dedicada a la Política
Internacional, es decir: a la relación de los distintos organismos
políticos entre si.
- Un área dedicada a la teoría política que — en lo esencial — abarca
las proposiciones abstractas de las ideas, intenciones, doctrinas y
filosofías que, de algún modo u otro, se hallan relacionadas con la
Política.
Lo primero que salta a la vista es que estas subdivisiones no coinciden
demasiado bien con las tres grandes cuestiones apuntadas más arriba.
Esto explica, al menos en buena medida, la considerable confusión
existente.
El ámbito constitucional
En el ámbito constitucional y jurídico contamos hoy con trabajos de
variada importancia, orientados a describir, explicar y analizar en
forma crítica los factores que hacen a la realidad política. También
podemos encontrar en este ámbito estudios que se dedican a describir la
situación de ciertos organismos políticos, pero entendiendo esta
situación como una resultante de la vigencia de determinadas normas
jurídicas. Así, la pregunta de "¿cómo se organizan políticamente los
seres humanos?" trata de ser respondida exclusivamente desde una óptica
jurídica, sociológica y — a lo sumo pero también sólo a veces y
parcialmente — histórica.
Además, la actual escuela anglosajona de Ciencias Políticas ha logrado
imponerse en gran medida y ha presionado para que el aspecto
institucional se extienda y prive de un modo casi patológico sobre todos
los demás aspectos. En parte — si se hace abstracción de una bastante
transparente intención estratégica de las potencias anglosajonas en
materia de política exterior — esto también puede derivarse de una ya
tradicional imprecisión en el pensamiento político anglosajón;
especialmente el norteamericano.
La política norteamericana, por ejemplo, no ha conseguido nunca hacer una clara diferenciación entre los conceptos de Estado (State), Gobierno (Government) y Administración (Administration). Para colmo, en los EE.UU. la palabra State se aplica a los Estados miembros de la Unión (nuestro equivalente de "provincias") y a la palabra government se la sustituye sistemáticamente por la de administration.
No es de extrañar así que, en los ámbitos académicos actuales, el
estudio de las Constituciones y los Gobiernos comience abarcando el
sistema jurídico en primer lugar y termine luego integrando en forma
desordenada una gama casi inabarcable de temas conexos tales como: el
parlamento, los partidos políticos, los factores de Poder o "grupos de
presión", el grado más o menos público del acto legislativo, la
selección social y política de los candidatos, los sistemas de control y
supervisión, etc. etc.
El ámbito administrativo
Los alcances de la técnica relacionada con la administración pública tampoco se hallan demasiado bien establecidos.
Como ya hemos visto, los norteamericanos ni siquiera parecen tener una
idea clara de la diferencia existente entre Gobierno y Administración.
Sin embargo, los europeos tampoco están mucho mejor ubicados en este
terreno.
Lo que sucede es que el Estado moderno no ha escapado a la necesidad de
un alto grado de especialización funcional; fenómeno éste que es
detectable en prácticamente todas las actividades de nuestra
civilización. Han pasado definitivamente las épocas en las que una rama
cualquiera de la administración pública podía ser confiada a una persona
sin más requisitos que una inteligencia práctica mediana y adecuadas
condiciones de honorabilidad y responsabilidad. Hoy dudaríamos muchísimo
en confiarle la administración de la salud pública a alguien que no
sea, como mínimo, un médico; así como no le entregaríamos de buena gana
la administración de las obras públicas a alguien que careciese por
completo de sólidos conocimientos en materia de ingeniería civil.
Además, los volúmenes cada vez mayores de población han hecho que
aumenten correspondientemente los aparatos administrativos, tanto en
tamaño como en importancia. Si bien la informatización ha frenado el
crecimiento de las nóminas de personal, la trascendencia de la función
pública administrativa ha ido aumentando sin lugar a dudas; y esto aún a
pesar de las corrientes de opinión actuales que propugnan quitarle al
Estado la mayor cantidad posible de funciones.
La consecuencia de todo ello es que la tecnoburocracia — que de hecho
administra y gestiona los asuntos públicos esenciales — ha ido
desplazando a la actividad específicamente política a punto tal que
varios organismos políticos ya no disponen realmente de un Gobierno sino
tan sólo de una Administración, siendo que el verdadero Gobierno no
debe buscarse en la estructura institucional formal sino en otra parte.
El ámbito internacional
La política internacional, esa rama de la Política que casi se ha
independizado y tomado vida propia en los planes de estudio
convencionales, también presenta serias falencias.
En primer lugar, una política internacional desvinculada de una política
general es algo impensable. La sola idea de considerar a la política
internacional como una especie de entidad por derecho propio proviene
del carácter forzadamente universalista de las doctrinas políticas
vigentes que — en forma explícita o implícita — afirman la posibilidad
(y aún la necesidad) de implantar un único sistema y un único régimen
político a toda la población del planeta.
Este criterio universalista es el que — en el ámbito político — ha dado
lugar a la idea y a la estrategia de lo que en su momento se designó
como el "Nuevo Orden Mundial" de alcances globales. Más allá de los
factores específicamente económicos o industriales que también lo han
favorecido, lo que conocemos como "globalización" es el resultado de una
intención política de imponer el "pensamiento único" — o como también
se dice: un pensamiento "políticamente correcto" — a la totalidad del
planeta.
Así como la política exterior enseñada en las universidades durante la
década de los '60 y los '70 jamás permitió entender las verdaderas
relaciones de Poder en el escenario bipolar; las interpretaciones
académicas de los '80 en adelante, ni han conseguido dar una explicación
satisfactoria del colapso soviético, ni consiguen tampoco
ofrecer argumentos coherentes y válidos para la construcción de un
escenario unipolar.
La teoría política pendiente
En la actual Ciencia Política convencional hallamos, así, muchos datos,
muchas observaciones parciales, pero muy pocas explicaciones
satisfactorias y muy pocas síntesis realmente abarcativas.
Quizás el problema fundamental de la Ciencia Política contemporánea es,
precisamente, su escasa independencia científica. De hecho, la enorme
mayoría de las veces esta disciplina termina siendo instrumentada para
justificar, legitimar, difundir o perpetuar el dogma de una determinada
filosofía, doctrina o ideología. Esto no sólo le quita a la Ciencia
Política la objetividad imprescindible sino — lo que es aún más grave —
la convierte en una herramienta de tergiversación de la realidad cuando,
en rigor, debería ser un instrumento eficaz y confiable para su estudio
sistemático.
Afortunadamente, frente a esta tendencia existe una propuesta que parte
de supuestos diametralmente opuestos. En lugar de construir
artificialmente una Ciencia Política orientada a justificar una teoría,
la propuesta plantea la necesidad y la posibilidad de construir una
teoría política que se adecue a los resultados que arroja una
investigación científica desprovista de prejuicios dogmáticos.
De hecho, lo que necesitamos es una Ciencia Política basada en el
estudio de la realidad. Porque, al final de cualquier discusión y por
más académica que ésta sea, la realidad — aunque no nos guste — siempre
termina siendo la única verdad que cuenta.
Naturaleza de la Política
Política y realidad
Partiendo, pues, de la realidad y recordando, además, lo que se expuso en relación al término polis, se puede apreciar que podemos hablar de Política allí dónde se verifican — como mínimo — dos fenómenos:
- Un conjunto de seres humanos que conviven compartiendo el mismo destino, y
- Una determinada organización social en cuyo marco se toman decisiones que afectan o pueden afectar al conjunto.
De modo que, ya desde una visión panorámica y general, se hace claro que
hallamos a la Política allí — y sólo allí — en dónde hay una comunidad
organizada de seres humanos. Sin seres humanos no hay Política; como que
tampoco la hay si no existe al menos algún grado de organización
social. Esto puede parecer una verdad de Perogrullo, pero, sin embargo,
constituye el punto de referencia objetivo que algunas ideologías han
ignorado.
El hecho es que, si dejamos el plano general y avanzamos sobre los
detalles, veremos que la organización social rara vez es espontánea y,
en los organismos complejos dotados de un considerable nivel de
desarrollo cultural o económico, aún existiendo cierto grado de
espontaneidad, la organización social jamás llega a ser un proceso
totalmente automático. Muy por el contrario, en más de 10.000 años de
Historia documentada, no podríamos citar un solo caso en el que una
civilización o una cultura se hayan organizado en forma completamente
espontánea.
La realidad demuestra que en todo organismo social se advierte la
existencia de una actividad deliberadamente conductora, organizadora o
directriz que — mucho más allá y a veces hasta por encima de la
posibilidad de consensos libres y espontáneos — es justamente lo que
convierte a una comunidad en organizada. Esta actividad presenta,
además, toda una serie de características especiales.
Los que la realizan tienen no sólo la facultad de tomar decisiones que
afectan a toda la comunidad sino que, además, tienen también el Poder de
hacerlas cumplir. A su vez y a lo largo del tiempo, estas decisiones se
constituyen en hitos que jalonan la evolución del organismo político,
quedando dicha evolución reflejada en la Historia. Por otra parte, si se
observan atentamente el carácter y la naturaleza de estas decisiones,
se podrá ver cómo algunas se ajustan a las leyes naturales de la
evolución social; otras constituyen casos particulares, posibles sólo en
cierta comunidad determinada; y, finalmente, algunas directamente se
adelantan a un futuro anticipado más por aproximaciones intuitivas que
por cálculos racionales.
Esencia de la Política
De lo anterior se desprenden varias conclusiones. Por de pronto, el
hecho de que sea posible tomar decisiones válidas para toda una
comunidad y hacerlas cumplir nos revela la existencia de un Poder. Por
el otro lado, la correlación entre leyes naturales y ciertas decisiones
de la actividad política nos revela la posibilidad de establecer una
Ciencia. Finalmente, la presencia del elemento intuitivo nos indica que
la actividad, al menos en alguna medida, también es un Arte.
Tenemos, así, en apretada síntesis, los elementos esenciales que nos
permiten definir a la Política desde múltiples ángulos. Desde el punto
de vista del proceso de toma de decisiones la Política es, simplemente,
actividad en relación con el Poder, entendiendo a este Poder como la
capacidad de incidir en forma efectiva sobre el destino de un conjunto
de seres humanos. Desde el punto de vista de la evolución social, la
Política es una ciencia orientada a investigar y a establecer las
condiciones que un conjunto de seres humanos necesita para lograr su
máximo nivel de desarrollo. Y, por último, desde el punto de vista de
una planificación estratégica, la Política es el arte de adelantarse a
los acontecimientos, previendo la posible adecuación de las estructuras
del conjunto humano a las condiciones y a los desafíos que presentará el
futuro.
Resumiéndolo todo: la Política implica el Poder de conducir, la ciencia
de organizar y el arte de prever. De estos elementos esenciales surgen
en forma natural y correlativa, como veremos más adelante, las funciones
de conducción, síntesis y previsión de ese órgano político por
excelencia que es el Estado.
El ámbito específico de la Política
Si observamos las distintas disciplinas que ha desarrollado el ser
humano veremos que todas ellas tienen un ámbito, un objeto, un dominio
propio. Pero, más allá de esto, podremos detectar también que, en cada
uno de estos dominios, la enorme mayoría de las disciplinas opera con
categorías bipolares que le son específicas. La razón de esto quizás
podría rastrearse hasta la arquitectura misma de la Lógica occidental
que, en esencia y en muy última instancia, se basa sobre el principio de
no contradicción.
Por ejemplo, el dominio de la filosofía es el saber y, dentro de este
dominio, los sistemas filosóficos operan con los conceptos opuestos de
verdadero y falso. El dominio de la actividad económica en general es el
consumo y opera sobre la base de los conceptos de útil e inútil. Para
la actividad financiera en particular, el ámbito es el lucro y las
categorías principales que se manejan son las de rentabilidad y
no-rentabilidad (o bien, simplemente, ganancias y pérdidas). El dominio
de la biología es la vida y su bipolaridad esencial está dada por todo
el proceso que va del nacimiento hasta la muerte. La aritmética reina en
el dominio de la cantidad la cual está definida por los extremos
opuestos del cero y el infinito. La conducta humana es el dominio de la
moral con sus categorías opuestas del bien y del mal. Se podría seguir
así enumerando todas las disciplinas. Hasta en la religión, que es
esencialmente el dominio de la fe, encontraremos a Dios por un lado y al
demonio por el otro.
La Política no escapa, en absoluto, a esta regla. El dominio específico
de la Política es el Poder y su bipolaridad intrínseca se manifiesta en
la tendencia a dividir ese dominio en las dos categorías de amigos y
enemigos. [2]
Esto, por supuesto, requiere varias precisiones. Por de pronto, lo primero que hay que tener en claro es que el enemigo político no es lo que normalmente entendemos por rival. Mucho menos es el equivalente a un adversario privado.
Lo que sucede es que, por desgracia, nuestro idioma moderno no nos
permite hacer categóricamente una fundamental diferenciación entre el
enemigo público y el "enemigo" privado. Sencillamente hemos perdido las
palabras adecuadas.
Los antiguos romanos, por ejemplo, conocían todavía esta enorme
diferencia y tenían palabras precisas para cada caso. Al enemigo
público, es decir: al enemigo de Roma entera, lo llamaban "hostis" [3]; pero al enemigo personal, es decir: al enemigo privado, le decían "inmicus" [4].
También los griegos sabían hacer esta diferencia, aunque más no fuese
de un modo indirecto. A la lucha que tenía lugar solamente entre griegos
la llamaban "agon" [5].
El concepto equivalente a nuestra palabra "guerra" lo tenían reservado
al conflicto entre griegos y "bárbaros", entendiendo por tales a todos
los que no eran griegos.
De este modo debe quedar claro que en Política, el enemigo es siempre el enemigo público; vale decir: aquél que tiene una actitud hostil hacia toda la comunidad; aquél que está dispuesto a iniciar hostilidades contra toda la comunidad.
Más todavía: este enemigo no sólo no es equivalente al enemigo privado
sino que su categoría no tiene absolutamente nada que ver con odios,
antipatías, fobias o rencores personales; así como tampoco tiene nada
que ver con simpatías, filias, amistades, apegos o cariños personales.
El enemigo, en Política, simplemente no es una categoría emocional o
privada. Por el contrario: es una categoría objetiva y pública.
El enemigo político no es aquél a quien le tengo antipatía, rencor,
inquina o malevolencia. En realidad, hasta podría ser alguien a quien —
en el fondo — le tengo simpatía, admiración o apego. El enemigo político
es todo aquel que pone en peligro la existencia o el desarrollo de la
comunidad organizada de la que formo parte. Es todo aquél a quien
resulta forzoso combatir, no porque sea malo, vil, ruin, falso,
antipático o despreciable, sino porque su voluntad de Poder hace
peligrar la integridad o la subsistencia misma de la comunidad.
Precisamente, cuando esto no es entendido así, la Política se contamina
con esas fobias y odios personales que envenenan el conflicto político y
lo convierten en irracional, con las desastrosas y lamentables
consecuencias que en tantos enfrentamientos hemos podido observar.
Por último, es preciso tener en cuenta también que la bipolaridad de las
categorías políticas opera en ambos sentidos. No es solamente que la
Política divide a su dominio en "amigos" y "enemigos"; la ecuación
también es válida en su recíproca. Cuando en un organismo político
ciertos antagonismos personales o sectoriales salen fuera de control,
hasta el punto de generar verdaderas enemistades que ponen en peligro la integridad de todo el organismo, esos antagonismos se han vuelto políticos.
Las actividades normales de las personas generan frecuentemente
conflictos de cierta intensidad. Pero, bajo circunstancias normales,
ninguno de ellos destruiría la integridad de la comunidad organizada,
del mismo modo en que la mayoría de las rencillas entre parientes no
llegan a quebrar la solidaridad básica de una familia. Pero, si uno de
esos conflictos abre la posibilidad de que se produzcan polarizaciones
de una categoría equivalente a la de una verdadera enemistad, el hecho — por ese sólo motivo — adquiere relevancia política y debe ser considerado como un hecho político.
Porque, mal manejado, un conflicto interno así es el típico antecedente
de toda Guerra Civil. Exactamente por ello, una de las funciones
esenciales del Estado consiste en evitar esta clase de
enfrentamientos mediante la construcción de consensos y realizando la
síntesis de aquellas fuerzas divergentes que, libradas a si mismas,
terminarían desgarrando y destruyendo a todo el conjunto.
La arquitectura política
El orden social natural
Sobre la forma "natural" de una organización social se ha hablado mucho,
se ha escrito mucho y se ha especulado más aún. Por regla general, el
concepto ha querido ser relacionado con formas primitivas de
organización tales como la tribu, el clan, la horda, etc. Partiendo de
una hipótesis según la cual la civilización corrompería las relaciones
humanas se propone que, para hallarlas en estado "puro" o "natural",
deberíamos retroceder en el tiempo hasta hallar aquellas formas de
organización previas a un estadio civilizado y a las cuales, por lo
tanto, podríamos llamar "naturales".
Este enfoque, más allá de su aparente atractivo, presenta una enorme
cantidad de problemas. Por de pronto, no se ve muy bien por qué las
relaciones establecidas en, pongamos por caso, una tribu primitiva — con
sus tabúes, sus códigos, sus ceremonias, sus reglas de conducta, sus
símbolos y sus creencias — habrían de ser necesariamente más "naturales"
que las existentes en una sociedad civilizada.
En esto, frecuentemente se ha pasado por alto que, en realidad, las
sociedades llamadas "primitivas" no son ni tan simples ni tan
"naturales" como parecen a primera vista. En una cantidad muy grande de
casos, más bien ha resultado todo lo contrario. Tal como lo han
descubierto los antropólogos y los etnólogos; en una tribu, en un clan y
hasta en una horda, rigen a veces reglas muy complicadas de
convivencia. Hay jerarquías, prioridades, privilegios, normas de
conducta y costumbres que, analizadas en detalle, resultan bastante
"artificiales" y hasta arbitrarias. Lo que realmente distingue a una
sociedad primitiva de otra civilizada es más bien el nivel de desarrollo
del saber en general y el grado de complejidad de la estructura social,
y no tanto el grado más o menos "natural" de su organización.
Por otra parte, muchos de los supuestos sobre los que se basaron algunos
filósofos — especialmente los del Siglo XVIII en adelante — para
exaltar las supuestas virtudes de las sociedades "en estado natural" han
demostrado ser completamente equivocados. Hoy sabemos que el "noble
salvaje" de Rousseau no existió jamás y que el hombre solitario en la
isla desierta — esa figura tan cara al ideario liberal — no es nada más
que una entelequia a partir de la cual no se logra gran cosa de utilidad
en Política.
Es cierto que nuestra civilización, especialmente en las grandes
concentraciones urbanas, ha alterado muchas costumbres y pautas de
convivencia que, a veces, contaban con una tradición milenaria. También
es cierto que nuestra civilización ha agredido al medioambiente de un
modo tal que la cuestión ecológica se ha convertido en un serio
problema. El mundo en el que vivimos presenta, de hecho, toda una serie
de aspectos negativos sobre los cuales es preciso actuar. Pero, de allí a
que la restauración de un orden social natural implique necesariamente
una renuncia a la civilización como tal y un retroceso a estadios
anteriores de desarrollo, hay una gran distancia.
El estudio comparativo de diferentes culturas ha revelado que en todo organismo social:
- las relaciones entre los sexos, así como las relaciones entre las
distintas generaciones que conviven, se hallan institucionalizadas de
alguna forma y resultan reguladas por usos, costumbres o leyes;
- la convivencia de los grupos suprafamiliares se halla reglamentada
de algún modo, para tender a lograr una reciprocidad óptima en todos los
ámbitos de la vida social;
- hay una serie de imágenes normativas, referidas a: cómo debería
estar ordenada la vida comunitaria, cuales son las normas de conducta
aceptadas, qué es correcto y qué es incorrecto, qué es el Bien y qué el
Mal, qué es lo que "se hace" y qué es lo que "no se hace", etc. etc.
Estas normas frecuentemente se hallan interrelacionadas con conceptos
metafísicos o religiosos.
- Las necesidades vitales en cuanto a alimentos, vivienda y protección
llevan a desarrollar actividades económicas para cubrirlas, creando
para esa actividad una serie de técnicas que permiten transformar los
objetos en elementos útiles.
- Existen formas de expresión artística — sea en la forma de danza, música, leyendas, sagas, cosmogonías o artes plásticas.
Analizadas en detalle, estas conclusiones no nos dicen demasiado. Por
ejemplo, que las relaciones entre los sexos y las generaciones se hallen
institucionalizadas "de alguna forma" incluiría prácticas tan dispares
como la monogamia, la poligamia, la poliandria, el patriarcado, el
matriarcado, el incesto, la endogamia sistemática, la preeminencia del
Consejo de Ancianos o, por el contrario, la costumbre de matar a los
viejos que ya no producen lo que consumen. Y con los demás puntos se
podría hacer un análisis muy similar.
Sin embargo, el hecho que en todas las culturas siempre sea posible
detectar al menos alguna solución a los principales problemas de la
convivencia y la subsistencia — aún cuando las soluciones específicas
varíen enormemente de caso en caso — nos indica una tendencia bastante
clara: todo conjunto humano busca siempre hallar ciertas condiciones
óptimas para su existencia y para su desarrollo. Exactamente cuales son
esas condiciones es algo que puede variar de una forma prácticamente
impredecible — de allí la debilidad de los universalismos dogmáticos — y
una determinada respuesta óptima a un desafío determinado dependerá de
toda una constelación de factores tales como: las condiciones del
medioambiente; la idiosincrasia de las personas involucradas; los
factores históricos que arrastran decisiones pasadas y que condicionan
opciones actuales o futuras; el entorno y el contacto con otras
culturas; el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado; los talentos y
las capacidades disponibles, y esto sólo para dar algunos ejemplos.
Lo que podemos decir, pues, en concreto del orden social natural es que
es una tendencia hacia la dinámica armónica del conjunto social, que
resulta de la adecuación de sus estructuras a las exigencias naturales e
históricas, habida cuenta de los recursos humanos y materiales
disponibles.
Las estructuras básicas
En la base de la arquitectura política del conjunto social hallamos,
pues, una tendencia hacia la búsqueda de un dinamismo armónico mediante
la optimización de las estructuras y los recursos.
El análisis político se diferencia del sociológico precisamente en la
categoría de las estructuras que considera en forma especial. Mientras
para la sociología el punto de arranque es, necesariamente, el individuo
o la familia; para la Política el principal punto de aplicación
comienza realmente allí en dónde el poder de decisión se relaciona con
la organización de los grupos sociales.
De este modo, si bien toda actividad política deberá respetar y tener en
cuenta las relaciones sociales y las categorías sociales, la primer
estructura realmente relevante es el conjunto más amplio de seres
humanos que constituyen una comunidad puesto que conviven y comparten un
mismo destino, siendo que simultáneamente ocupan una tierra o
territorio. La comunidad, formada siempre por seres humanos y
generalmente por un territorio delimitado, es la primer estructura
auténticamente política que encontramos sobre la base de esa tendencia
hacia la armonía y optimización que, como vimos, constituye la
característica principal del orden social natural.
A la comunidad con sus características propias y, a veces, hasta exclusivas, normalmente la resumimos en el concepto de país.
Esta palabra tiene, por supuesto, muchas acepciones y connotaciones
pero, en un sentido estricto, no significa mucho más que "personas y
territorio", con la aceptación implícita —claro está — de que estas
personas cuentan con un conjunto determinado de relaciones
sociopolíticas y que el territorio es al menos identificable y, la
mayoría de las veces, delimitable.
Las estructuras intermedias
Estas categorías políticas básicas no son estáticas. Por regla general
subsisten en el tiempo, se desarrollan, cambian, acumulan experiencia y
conocimientos, crecen, se hacen cada vez más complejas; en una palabra:
viven y despliegan sus potencialidades. Con el tiempo acumulan toda esa
serie de pautas y normas que permiten identificar a una cultura la cual,
normalmente, se basa en tradiciones; vale decir: en saber, experiencia y
costumbres acumuladas a lo largo del tiempo.
Estrictamente hablando, cultura y tradiciones no son categorías
políticas. Un político no hace las tradiciones; las instituciones
políticas no crean cultura. A la cultura la hacen los pensadores, los
artistas, los creadores, los inventores, los grandes sabios, los grandes
genios pero también los pequeños artesanos, los modestos intérpretes,
los sencillos maestros de escuela, los humildes anónimos. La cultura,
como su nombre lo sugiere, es algo que se cultiva; no algo que se
organiza. La tradición se transmite, se lega, se hereda, se comunica; no
es algo que se reglamenta o se expresa a través de una decisión, como
por ejemplo podría ser una órden, una instrucción o esa expresión
escrita de una decisión política que es la ley.
Pero, si bien cultura y tradición no son categorías políticas, no menos
cierto es que se desarrollan y se despliegan dentro de un marco orgánico
cuya estructura organizativa está determinada por las decisiones
políticas. Por eso es que se ha dicho que la Política podrá no crear
cultura pero bien puede asesinarla. De hecho, ciertas decisiones
políticas favorecen y fomentan el desarrollo cultural mientras que otras
producen un efecto exactamente inverso.
Cuando el marco cultural e histórico de un país está en consonancia o
armonía con su marco político y no hay circunstancias excepcionalmente
desfavorables que lo impidan, con el correr del tiempo se produce un
importante desarrollo en el campo social: la comunidad se convierte en sociedad.
El conjunto humano abarcado por la actividad política ya no es el grupo
que convive y comparte un hábitat o territorio sino un conjunto mucho
más amplio que — estrictamente hablando — ya no "con-vive" (puesto que
sus miembros no están ya en ese estrecho contacto que requiere la
convivencia propiamente dicha) pero que coexiste compartiendo, no sólo
un destino común, no sólo un mismo territorio, sino además una cultura,
una tradición, una Historia, un saber compartido y una escala de valores
desarrollada en el tiempo.
Desde un punto de vista político, las estructuras también acompañan al
desarrollo social. El grupo humano, más complejo, extendido, dotado de
una cultura propia y de una Historia particular, se convierte en Pueblo. El territorio, a su vez, se integra a la tradición y se hace Patria.
A la actividad política se le presentan ahora tareas mucho más
complejas. Por de pronto hay más personas para gobernar. Mientras una
comunidad puede llegar a varios miles, los Pueblos se cuentan por
millones. Por el otro lado, el espacio a abarcar es también más grande.
Las comunidades, por su misma naturaleza, se hallan concentradas; los
Pueblos en cambio se dispersan y se extienden.
Para el político, la gran diferencia entre una comunidad y una sociedad
está en su grado de abarcabilidad. Una comunidad es mentalmente
abarcable: la mayoría de sus miembros se conoce entre si; su territorio
generalmente puede verse y abarcarse casi a simple vista; las
dimensiones son imaginables, mentalmente representables; las cuestiones
son mayormente homogéneas, manejables; una persona o a lo sumo un grupo
reducido de personas puede mantenerlas bajo control. Una sociedad, en
cambio, requiere otros criterios. Una enorme cantidad de personas ni
siquiera conoce la existencia del otro; las distancias aumentan; la
disparidad de condiciones ambientales y naturales a lo largo del
territorio se vuelve un factor a considerar; las comunicaciones
adquieren una gran relevancia; ya es imposible que una persona o un
pequeño grupo administre y gestione las múltiples cuestiones que surgen.
Aparece así en Política la necesidad de una coordinación, una
administración, una descentralización de las funciones. Desde el momento
en que una sociedad desarrollada ya no es mentalmente abarcable, para
posibilitar la gobernabilidad, el país se regionaliza y subdivide en
unidades gobernables. La comunidad subsiste pero se convierte en
municipio y coexiste con otras comunidades para formar una provincia y
las provincias responden, con grados de autarquía que pueden ser
variables, a una organización más — o menos — centralizada.
Las estructuras superiores
Si consideramos el proceso descripto como algo que va de lo simple a lo
complejo, podrá observarse que el paso de las estructuras políticas
básicas a las intermedias es, en realidad, el paso de la singularidad a
la diversidad. Una comunidad es singular; una sociedad es diversa. Es,
pues, natural y necesario que la Política acompañe el fenómeno
correlacionando sus propias estructuras.
Pero, en este pasaje de lo singular a lo diverso se produce, como hemos
visto, también otro fenómeno que, con el correr del tiempo, puede
producir efectos negativos: la diversidad impone la subdivisión. Si la
Política no encuentra métodos y procedimientos adecuados, en esta
subdivisión puede desarrollarse el germen de la dispersión. De modo que,
mientras las estructuras intermedias responden en cierta forma al
principio de "dividir para reinar"; a fin de garantizar la subsistencia y
cohesión del organismo político es imprescindible tomar acciones
tendientes a "gobernar para unificar". En otras palabras: la división
administrativa tiene que estar balanceada por una adecuada cohesión
política porque de otro modo, tarde o temprano, el conjunto social
tenderá hacia la disgregación.
La conducción política tiene en esto una misión y una responsabilidad de
enorme importancia: debe ser capaz de determinar y formular un objetivo
auténtico y diferenciador para el organismo político. Con este objetivo
diferenciador en lo universal, el Pueblo adquiere categoría de Nación.
Muchos Pueblos pueden compartir, básicamente, la misma cultura o — al
menos — una gran cantidad de valores y elementos culturales. Pero
objetivos diferenciados en lo universal, aquellos que también llamamos
propiamente objetivos nacionales, que no pueden ser compartidos
por otros Pueblos porque responden a ciertas y muy precisas condiciones
particulares de un determinado organismo político, esos objetivos
solamente los tienen aquellos Pueblos que se han constituido en Nación.
Una Nación es, así, un Pueblo con objetivos políticos propios y
exclusivos. Para organizar su convivencia y, simultáneamente, avanzar
sobre sus objetivos, la Nación posee un Estado. Y cuando todo ello se
integra en una totalidad armónica y equilibrada, el organismo — al cual
hubo que subdividir para hacerlo gobernable — vuelve a reunificarse en
un nivel superior y se convierte en Comunidad Organizada.
La estructura completa puede sintetizarse en un esquema como el
siguiente, que puede resultar útil si se tiene presente la
necesariamente relativa validez que tienen todos los esquemas:
El Estado
Siguiendo un análisis como el que se acaba de realizar, que va de lo más
simple a lo más complejo, puede apreciarse cómo, dentro de las
estructuras de un organismo político, el Estado representa un elemento
de fundamental importancia.
Por de pronto, lo primero que hay que decir es que el Estado no es un
elemento externo, agregado o superpuesto a la Comunidad Organizada. Sus
miembros se reclutan del Pueblo; su actividad está al servicio del
organismo político del cual forma parte; sus funciones — como veremos en
seguida — están directamente relacionadas con ese organismo y
subordinadas a ese organismo. El Estado es, eso sí, una estructura
política superior, pero no es una superestructura en el sentido en que
lo han querido ver las ideologías materialistas. No es la propiedad
privada de una clase social ni es necesariamente una herramienta de
dominación de la clase gobernante.
Fundamentalmente, como hemos visto, es una estructura necesaria a la
organización política y, en primer término, se halla al servicio del
objetivo político diferenciador que convierte a un Pueblo en Nación.
Precisamente por ello es que resulta ser el obstáculo principal para
quienes propugnan las teorías del mundo único. No es ninguna casualidad
que, en forma unánime, todos los ideólogos de la globalización afirmen,
clara y expresamente, que — para ellos — es imprescindible la
"disolución controlada de los Estados-Nación". Si el Estado fuese tan
sólo la herramienta de dominación de una clase gobernante, no se
comprendería esta obsesión por disolverlo, debilitarlo y, en última
instancia, destruirlo. La clase gobernante supranacional podría
simplemente ocuparlo y ponerlo al servicio del "Nuevo Orden Mundial".
Que ello no sea posible; que para los teóricos e intelectuales de la
globalización resulte necesaria la disolución controlada de los
Estados-Nación; revela que el Estado nacional es algo bastante más que
una simple superestructura social.
En realidad, para convertirse en un instrumento de dominación, el Estado debe dejar de
cumplir con sus funciones esenciales. Por supuesto, es perfectamente
posible que, en virtud de una determinada patología política, el Estado
se convierta en el instrumento de un estrato social dominante. Lo que ya
no es posible es que esto suceda sin que el Estado pierda,
necesariamente, su funcionalidad y, con ello, su legitimidad.
Las funciones del Estado
La misión del Estado dentro de una Comunidad Organizada, está dada por al menos tres funciones esenciales:
- Una función de conducción, liderazgo, y dirección mediante la cual,
ejerciendo un Poder de decisión soberano, el Estado gobierna y guía al
organismo político hacia el logro de sus objetivos.
- Una función de síntesis, mediante la cual el Estado construye
consensos y armoniza las fuerzas divergentes impidiendo el surgimiento
de enemistades de categoría política en su interior, al mismo tiempo que
afirma el Poder del organismo político hacia el exterior.
- Una función de previsión, mediante la cual el Estado prevé el largo
plazo y realiza la planificación estratégica mucho más allá de lo que
pueden hacerlo los entes u organismos privados que, por su propia
naturaleza y función, carecen de una perspectiva histórica con la
profundidad requerida.
El Estado es, así, el órgano de conducción, síntesis y previsión de la
Comunidad Organizada. Es el instrumento mediante el cual la Nación se
organiza; mediante el cual mantiene la armonía interior adquiriendo la
capacidad de afirmarse hacia el exterior, y mediante el cual prevé y
planifica su futuro en términos históricos.
Las reglas del Poder
Habiendo definido a la Política esencialmente como una actividad en
relación con aquellas decisiones que inciden decisivamente en la vida de
un organismo político — es decir: como una actividad en relación con el
Poder — y habiendo visto cómo se estructura ese organismo, es necesario
investigar ahora la forma y el modo en que el ejercicio del Poder es
posible en absoluto.
De hecho, el Poder político no puede ser ejercido de cualquier manera.
Un estudio sistemático y objetivo de la evolución política permite
aislar varias reglas que, como todas las reglas, pueden tener
excepciones (de no tenerlas no serían reglas sino leyes) pero que se
aplican a la gran mayoría de las situaciones reales.
I. Regla de la armonía y la afirmación
Hemos definido al órgano rector del organismo político — vale decir: al
Estado — como un órgano con funciones de conducción, síntesis y
previsión. En cuanto a su función de síntesis, su misión es establecer
la armonía interna del organismo político. Esto es necesario porque en
todo conjunto humano siempre hay y habrá fuerzas divergentes. No todos
los miembros de una comunidad están siempre de acuerdo en todo, no todos
los participantes tienen los mismos intereses; en algunas regiones o
países puede haber conflictos etnoculturales, incluso puede haber
disensos en cuanto a determinados objetivos políticos.
Por todo ello, el Estado, en virtud de su función de síntesis, tiene la
misión de construir y lograr consensos, establecer equilibrios, lograr —
en una palabra — la armonía interna, la paz interior, el equilibrio
funcional del organismo político. Cuando no lo logra, las fuerzas
divergentes, libradas a si mismas, generalmente desgarran al conjunto en
su intento de llevarlo en direcciones contradictorias y, con bastante
frecuencia, se produce: o bien una fractura del organismo bajo la forma
de una secesión; o bien un enfrentamiento violento en la forma de una
Guerra Civil en dónde los bandos terminan considerándose mutuamente como
enemigos políticos.
La síntesis de las divergencias internas, sin embargo, es solamente un
aspecto de esta función del Estado. Un organismo político, sea éste una
pequeña comunidad o una gran Nación, no existen en el vacío. Puede
haber, geopolíticamente hablando, grados variados de aislamiento; pero —
sobre todo en las condiciones actuales y con las tendencias que operan
en todo el mundo — las diversas unidades políticas se hallan en contacto
entre si y, en última instancia, también en competencia entre si.
También aquí se verifica que no todas tienen las mismas prioridades; no
todas tienen las mismas intenciones, ni los mismos intereses. Ni
siquiera comparten todas los mismos valores culturales, las misma
tradiciones, la misma forma de ver, concebir y comprender a la vida y al
mundo.
En este contexto, una Nación que tiene, por definición, un objetivo
diferenciado en lo universal, necesita afirmarse respecto del resto.
Necesita hacerse respetar y velar por su propia seguridad y defensa. Las
fuerzas divergentes que existen en el escenario internacional deben
estar al menos previstas y controladas, siendo la función de la
diplomacia y de las relaciones exteriores de un Estado el lograr también
esta síntesis mediante alianzas, acuerdos, tratados y convenios
internacionales. Cuando ello no se logra, generalmente podemos observar
que: o bien el Estado pierde su soberanía y su voluntad política es
suplantada en última instancia por otro Poder; o bien el conflicto se
escala y termina desembocando en una crisis.
Lo que sucede es que hay una relación recíproca entre ambos aspectos de
esta función. Por ello, la regla de la armonía y la afirmación establece
que:
El Estado se caracteriza por garantizar la armonía dinámica interna y
la afirmación externa del organismo político. Si la armonía interna se
ha roto, la capacidad para la afirmación externa disminuye
correlativamente.
Siendo válida también su recíproca:
Si la capacidad de afirmación externa de un organismo político es
insuficiente, disminuye en forma correlativa la posibilidad de lograr la
armonía dinámica interna del cuerpo social.
En realidad esta regla expresa en forma precisa algo que puede también
comprenderse en términos sencillos: un Pueblo desunido difícilmente
consiga hacerse respetar internacionalmente y, viceversa, un Pueblo que
no se sabe hacer respetar, tarde o temprano terminará colonizado y
desunido.
II. Regla de la integralidad
Si se observa la diferencia que existe entre las estructuras
auténticamente políticas y aquellas que no lo son, o que sólo lo son en
forma accidental, se puede ver algo muy importante: las estructuras
políticas abarcan a la persona de un modo completo; las demás lo
integran sólo de una forma parcial.
Una Nación, un Pueblo, un País, una Comunidad Organizada, abarcan a la
persona en su totalidad; con todas sus necesidades, todas sus
actividades y todas sus condiciones. Por el contrario, un club, una
universidad, una empresa o una asociación profesional abarcarán
solamente un aspecto de esa misma persona. Podemos decir que vivimos en
un País o en una Nación; nadie diría que vive en un club o en una
empresa.
Por eso es que el órgano rector de una unidad política tiene una
responsabilidad mucho mayor, imposible de equiparar con la que le cabe a
la conducción de los organismos no-políticos. Una decisión tomada por
un Jefe de Estado, afecta a toda una Nación y puede llegar a afectar a
todas y a cada una de las personas que constituyen su Pueblo. Las
consecuencias de las decisiones políticas son, en una muy alta
proporción de los casos, integrales; es decir: afectan a toda la vida
del organismo político.
Esta integralidad, sin embargo, no implica ese intervencionismo que
tanto se le ha criticado a ciertos Estados. No significa que el órgano
rector debe, necesariamente, reglamentarlo todo, inmiscuirse en todo,
planificarlo todo y dirigirlo todo. Lo que realmente significa es que a
la Política nada puede serle ajeno puesto que su ejercicio puede de
hecho ejercer una influencia decisiva sobre cuestiones realmente
vitales. El Estado no puede — ¡ni debe! — desentenderse de las
consecuencias de sus decisiones y tiene la responsabilidad de prever
esas consecuencias. Pero, para que esta responsabilidad sea realmente
exigible, para que el Estado pueda realmente actuar de juez o árbitro en
aquellas cuestiones que la Comunidad no consigue resolver
espontáneamente, debe tener también el poder de decisión suficiente como
para actuar allí en dónde su presencia es necesaria.
La regla de la integralidad establece, por lo tanto, que:
En todo organismo político, el órgano rector necesita disponer del
poder de decisión de última instancia sobre todas aquellas cuestiones
que tienen, o pueden tener, una importancia vital para la existencia o
el desarrollo de ese organismo político.
Debe tenerse presente que tanto el estatismo como el privatismo violan
esta regla. El primero, porque obliga al Estado a asumir funciones que,
en realidad, no necesariamente le competen; el segundo porque le niega
al Estado el Poder de decidir en última instancia sobre cuestiones
vitales para la comunidad. El Estado debe tener, una capacidad de
respuesta integral a los problemas esenciales que hacen a la vida de una
Nación y debe hacerla valer allí en dónde sea necesario.
III. Regla de la concentración
Esta regla es, en cierto sentido, un corolario de la anterior. Si el
Estado no dispone de una capacidad de respuesta integral, forzosamente
debemos concluir que: (A) se halla limitado en cuanto a su Poder y (B)
se halla imposibilitado de cumplir con la totalidad de sus funciones.
Por otra parte, en virtud de la regla de la soberanía que veremos en
seguida, el Estado tampoco puede — ni debe — renunciar a la
responsabilidad plena por sus decisiones. Si lo hiciera, en primer lugar
dejaría de ser soberano, en segundo lugar dejaría de cumplir total o
parcialmente con sus funciones y, en tercer lugar, tarde o temprano
caería dentro de los supuestos enunciados en la primera regla. Pero,
además, rehusando su responsabilidad, el Estado no podría tampoco
cumplir con la segunda regla.
La regla de la concentración del Poder establece que:
La actividad política plena requiere la plena disponibilidad del
Poder político. En la medida en que el Poder político se halle
restringido o condicionado, la actividad política se verá impedida de
desarrollarse plenamente.
Hay un encadenamiento coherente y hasta lógico entre estas las tres
reglas. Para lograr la armonía interna y la afirmación externa, el
Estado tiene que cumplir con las funciones de conducción, síntesis y
previsión que lo legitiman. Pero, para poder cumplir cabalmente con
estas funciones, no debe tener
a priori denegado el acceso a los
niveles de decisión que hacen a las cuestiones vitales del organismo
político. Y, finalmente, para que estas decisiones sean realmente
soberanas y completamente responsables, su Poder no debe estar coartado
por compromisos, trabas o impedimentos — por ejemplo, económicos o
jurídicos— que le hagan imposible actuar en beneficio de la integralidad
del conjunto social.
Los hechos reales indican, por otra parte, que las medidas artificiales
tomadas para segmentar, coartar o dispersar el Poder, no resultan
eficaces en el largo plazo. Ya sea por vías formales o informales, el
Poder político siempre tenderá a concentrarse, al menos hasta lograr la
integralidad que le es necesaria para su función.
IV. Regla de la soberanía
Las tres reglas precedentes desembocan y dan sentido al concepto de soberanía.
Ante todo, hay que destacar que soberanía no es una cualidad adjetiva
que puede serle adjudicada o quitada a un Estado. En realidad de verdad,
el Estado
ES soberano. Lo es tanto por definición como por
necesidad funcional. Es el órgano supremo del organismo político y, si
no dispusiese de una calidad soberana, sencillamente no podría ser
supremo. En otras palabras: el Estado, o es soberano, o — en realidad —
no es un Estado. Sin ser soberano no puede ser el órgano rector del
organismo político.
De allí la regla de la soberanía:
En todo organismo político, el Poder de la última decisión del Estado
es, necesariamente, la instancia final en todos los conflictos y en
todas las cuestiones que deben ser decididas.
Confrontando la regla de la integralidad con la de la soberanía, se
observa que ambas resultan interdependientes; la soberanía, o es
integral, o no hay soberanía. En términos más simples y cotidianos,
podría decirse que alguien; o tiene la última palabra en las cuestiones
vitales y — en ese caso tiene Poder de decisión y es soberano — ; o no
tiene la última palabra y entonces el Poder de decisión está en manos de
quien sí la tiene y entonces es éste el que es soberano.
Aparte de esto, la regla de la soberanía también se relaciona con las
reglas de la armonía y la afirmación en al menos dos aspectos; el uno
interno y el otro externo.
Desde el punto de vista interno, ningún Estado puede tolerar que, en el
seno del organismo político, un grupo o sector — considerándose a sí
mismo como una unidad aparte y excluida del conjunto — elija a otro
grupo o sector para establecer con él un conflicto con categoría de
enemistad política.
Desde el punto de vista externo, ningún Estado puede tolerar tampoco
que, en el seno del organismo político y frente a un enemigo externo, un
grupo o sector cualesquiera, tome decisiones políticas en nombre de
todo el conjunto o incurra en actos que hagan peligrar al conjunto.
V. Regla de la constancia
Esta regla se refiere al "
quantum" o cantidad de Poder existente en un sistema político y se divide en dos aspectos; uno interno y el otro externo.
Si bien consideramos aquí una "cantidad" de Poder, es obvio que no
disponemos de una unidad de medida para establecerla objetivamente. Por
lo tanto, es cierto que no podemos establecer esa cantidad en forma
absoluta. Pero no menos cierto es que nos resulta posible apreciarla en
forma relativa, relacionándola con la disponibilidad total del Poder que
existe en un sistema.
La regla es aplicable a dos ámbitos: al ámbito de la distribución de
Poder en el sistema internacional dónde actúan varios Estados y al
ámbito interno de un Estado. De un modo general, pues, la regla
establece que:
En una época dada, la cantidad de Poder disponible dentro de un
sistema político es constante; por lo que, si una persona, una
institución o un organismo político ve disminuido su Poder, otra
persona, otra institución u otro organismo político habrá aumentado el
suyo en la misma medida.
En una forma abreviada esta regla podría sintetizarse diciendo simplemente que
no existen vacíos políticos permanentes en Política.
Producido un "vacío de Poder" — es decir: producida una merma
sustancial de capacidad de decisión en algún punto del sistema — ese
vacío es inmediatamente ocupado por alguna de las fuerzas políticas que
se hallen en condiciones o en situación de hacerlo.
Y esto se aplica tanto a la política externa como a la interna. En la
medida en que el Estado no cumple con sus funciones específicas, las
mismas resultan rápidamente usurpadas; ya sea por algún sector interno
de la Comunidad que cuenta con los medios suficientes como para hacerlo,
ya sea por algún Poder externo que pasa a tomar el control.
VI. Regla de la legitimidad
Mientras la regla de la constancia es cuantitativa, la de la legitimidad
es cualitativa. El Poder del Estado se legitima en el cumplimiento
eficaz y efectivo de sus funciones. En esto hay que aprender a no
confundir legitimidad con legalidad. El Poder es legal cuando ha sido
adquirido mediante los métodos y procedimientos previstos por el sistema
jurídico vigente; pero es legítimo si — y sólo si — cumple realmente
con las funciones para las cuales está dispuesto.
El ejercicio del Poder está, pues, legitimado por el cumplimiento de una
función específica. Cuenta con el atributo de la autoridad justamente
para que pueda cumplir con esa función. Por ello:
El ejercicio de la autoridad se halla legitimado por la garantía
efectiva de las funciones políticas; por ello, sólo quien ofrece
realmente esa garantía puede obligar y quien obedece tiene el derecho
inalienable a estar protegido por la autoridad que obliga.
La autoridad no es en realidad un atributo del cargo, ni tampoco un
atributo del Poder, sino un atributo de la función. Un Estado que cumple
realmente con sus funciones de conducción, síntesis y previsión,
garantiza efectivamente el orden y la seguridad del organismo político y
por ello — pero sólo por ello — posee un Poder legítimo y una autoridad
legítima. Si no cumple con estas funciones de un modo real y efectivo,
su autoridad y su Poder, podrán ser legales si se obtuvieron mediante
los procedimientos previstos por la ley, pero se vuelven ilegítimos
porque no están al servicio de los objetivos para los cuales se hallan
dispuestos.
VII. Reglas de conflicto
A pesar de las meritorias y loables intenciones de los pacifistas, la
dura verdad es que la Política implica inevitablemente la posibilidad de
conflictos. El por qué esto es así obedece a — por lo menos — dos
motivos. En primer lugar, a la propia naturaleza humana cuyos mecanismos
de agresión y agresividad son propios de la especie y no siempre
consiguen ser controlados por las normas y pautas culturales. En segundo
lugar, la Política misma, al ser su ámbito el Poder y al dividir este
ámbito en amigos y enemigos, conlleva la posibilidad de conflictos hasta
el punto en que podría llegar a decirse que, desde cierta óptica,
constituye una herramienta especializada para manejarlos.
Habiendo dicho lo que antecede, habría que agregar inmediatamente que
ningún político en su sano juicio desea un conflicto. Ninguna política
racional y equilibrada propone de hecho el conflicto como método normal
de procedimiento y, más aún, cualquier estrategia política bien diseñada
se halla mucho más orientada a evitar y controlar los posibles
conflictos que a provocarlos. Se ha dicho que la guerra es la
continuación de la Política por otros medios [6]. Lo que cabría agregar a
esta definición es que un político realmente capaz recurrirá a esos
"otros medios" sólo cuando haya agotado por completo todos los demás.
En este sentido y contradiciendo en cierta forma la definición anterior,
también se ha dicho que la guerra es el resultado del fracaso de la
Política. Ambas proposiciones tienen algo de cierto y quizás el término
medio en esta difícil cuestión esté aproximadamente en aquella otra
fórmula que también se ha citado alguna vez y según la cual toda guerra
es una sangrienta tragedia pero la mayor tragedia de todas es perderla.
En principio, y por elementales razones de defensa propia, ningún
organismo político puede renunciar a actuar en contra de una fuerza
cualesquiera que le sea hostil. Un Estado que fracasara en esto habría
incumplido tanto su función de previsión como su función de conducción
ya que no habría anticipado el conflicto ni habría tampoco hecho lo
necesario para evitarlo o superarlo. Consecuentemente, siendo que la
posibilidad de un enemigo constituye una eventualidad real en Política,
es responsabilidad de la conducción superior del organismo político el
prepararse debidamente para dicha eventualidad; algo que los antiguos
romanos resumían diciendo: "
si vis pacem, para bellum" que, libremente traducido significa: si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Por más dura que parezca esta conclusión, el análisis de la Historia
revela que las demás opciones son más duras todavía. La teórica
posibilidad de una posición neutral no debe llamar a engaño. Los
conflictos políticos no se producen solamente cuando uno mismo elige
combatir a un enemigo; también se producen cuando un enemigo elige la
opción de atacarnos. En este sentido, es imperioso no perder de vista
que en Política podemos elegir enemigos pero también podemos tener la
desgracia de ser elegidos por un enemigo. Para sostener una neutralidad
no alcanza con no tener intenciones agresivas porque hacen falta al
menos dos para construir y mantener una paz; pero basta con uno solo
para provocar una guerra. Y en este caso, es de aplicación la primer
regla de conflicto que establece que:
La renuncia absoluta a luchar sólo deja como opción la alternativa de una rendición incondicional en caso de conflicto.
Cambiando ahora de óptica y mirando la esencia misma del conflicto
político, lo que también debe tenerse en claro es que toda crisis entre
organismos políticos y que desemboca en un enfrentamiento violento es
una crisis política en la cual, necesariamente, hay involucrada una
cuestión de Poder. Simplemente no es cierto que hay varios "tipos" de
guerra. En un sentido estricto y específico, no hay "guerras económicas"
porque ninguna guerra es económicamente útil, por más que algunos
grupos o individuos se enriquezcan con ella. No hay "guerras religiosas"
porque es completamente imposible difundir una fe religiosa a sablazos o
a balazos. No hay, tampoco, "guerras ideológicas" porque la guerra, en
si y de por si, no convence a nadie. Una guerra podrá ser — y de hecho
generalmente lo es — un buen negocio para algunos y podrá ser también
una forma expeditiva y cruel de sacarse adversarios de encima. Pero, en
este sentido hay que aprender a diferenciar: no todo enfrentamiento
armado es una guerra y no toda guerra requiere, necesariamente, de un
enfrentamiento armado.
Esto queda claro cuando se analizan numerosos casos de la Historia y se
descubre por qué tantas guerras ganadas en el campo de batalla se
perdieron luego en la mesa de negociaciones. Así como, también, aquellos
casos en que Naciones enteras perdieron prácticamente todo su Poder
político sin que se disparara un sólo tiro. Recuérdese para esto tan
sólo aquella famosa frase de Clemenceau que decía que la guerra es una
cosa demasiado seria como para dejársela a los militares. De allí, la
segunda regla de conflicto:
Todo conflicto de Poder lleva implícita la posibilidad de una guerra y
toda verdadera guerra lleva implícita una cuestión de Poder. Las
acciones militares son solamente las operaciones especializadas de la
guerra y no siempre ni en todos los casos resultan necesarias.
La conclusión más importante de esta regla es que, aquellas personas que
creen que el enfrentamiento militar es el único indicio seguro de la
existencia de un conflicto de Poder, pueden llegar a estar en medio de
una verdadera guerra incluso sin darse cuenta de ello. Y esto es algo
muy importante a considerar si es que se quiere entender realmente la
característica y la esencia del actual proceso de globalización.
Por último, hay que mencionar también aquellas reglas de conflicto que se relacionan con otras ya expuestas antes.
Relacionada con la afirmación externa del organismo político está la
regla que establece la inevitable responsabilidad del Estado en cuanto a
prever, hacer frente y resolver los conflictos externos. Porque, una
vez planteado, el conflicto político no admite muchas alternativas de
resolución. Pueden citarse algunos raros ejemplos de resolución
equilibrada o indecisa del conflicto — en una especie de "empate" —
dónde la distribución del Poder al final del conflicto terminó siendo
aproximadamente la misma que existía al principio. Pero, en la enorme
mayoría de los casos:
Todo organismo político que no lucha con éxito contra sus enemigos reales, perderá Poder y asume el riesgo de sucumbir.
En relación a la soberanía, pero considerándola ahora dentro del
contexto de un sistema de alianzas internacionales, también es preciso
subrayar lo delicada que resulta para un correcto ejercicio del Poder la
decisión de elegir los aliados apropiados. Sobre los sistemas de
alianzas como herramientas para una buena política exterior habría, de
hecho, mucho para exponer. Básicamente, sin embargo, la regla principal
en este ámbito advierte:
Todo organismo político que no lucha contra sus enemigos reales, pero
que interviene en conflictos cuyos participantes no son sus enemigos,
está poniendo su Poder al servicio de otro Poder y, por lo tanto, deja
de ser soberano.
Finalmente, en cuanto al "
quantum" de Poder existente en un
sistema internacional, los encargados de diseñar y estructurar la
política exterior de una Nación deben ser muy cuidadosos en la cantidad
de Poder que se invierte o se involucra en dicha estrategia porque:
Todo organismo político se autodebilita cuando, sin obtener un
aumento del Poder propio, confiere Poder a otro organismo o invierte una
cuota considerable de su propio Poder al sólo efecto de bloquear la
adquisición de Poder por parte de otro organismo.
Esta regla puede parecer un poco sutil pero puede ilustrarse fácilmente
con el ejemplo de Inglaterra. Durante mucho tiempo los británicos se
concentraron demasiado en tratar de evitar que sobre el continente
europeo surgiese un Poder capaz de desafiarlos. La consecuencia de esta
estrategia fue que — con motivo de la Primera Guerra Mundial y luego,
más aún, durante la Segunda — la política exterior británica tuvo que
conferirle Poder a su ex-colonia, los Estados Unidos, arrastrándola al
conflicto europeo. El resultado de este error fue que, aun cuando
Inglaterra ganó militarmente ambas guerras, al final terminó perdiendo
su Imperio y la hegemonía dentro del sistema internacional terminó
pasando a manos de los Estados Unidos.
El contexto de la globalización
El actual fenómeno que, en términos genéricos, se ha dado en llamar "globalización" obedece a varios componentes simultáneos.
Por un lado podríamos señalar factores económicos e industriales: la
miniaturización ha permitido un transporte más económico y fácil de
productos manufacturados; la robotización y la tecnotrónica han
permitido reducir la incidencia del costo de la mano de obra y la
posibilidad de producir allí en dónde resulte más económico para vender
allí en dónde resulte más rentable; muchos recursos tecnológicos se han
difundido, internacionalizado y estandardizado, etc. etc.
Por el otro lado, también podrían señalarse factores culturales: las
comunicaciones más allá de las fronteras son posibles en tiempo real;
herramientas de información como, por ejemplo, la Internet se hallan a
disposición de millones de personas; las herramientas de difusión vía
satélite llegan a todos los rincones del mundo, etc. etc.
Pero, detrás y por encima de todo esto, es perfectamente identificable
una estrategia orientada a la adquisición, consolidación y expansión de
un Poder político a escala global. Esta estrategia no es un secreto. No
se anunciará a grandes titulares en los medios masivos pero tampoco es
el misterio celosamente guardado por un oscuro grupo de conspiradores
que operan ocultos desde las sombras del anonimato.
Organismos internacionales que operan a la luz del día como el Council
on Foreign Relations norteamericano o el Royal Institute of
International Affairs británico y personalidades conocidas como Zbigniew
Brzezinski, Samuel Huntington, Henry Kissinger o hasta el mismo popular
Alvin Toffler, expusieron abiertamente la tesis de un "nuevo orden
mundial" que implica un progresivo avance hacia estructuras de Poder
globales. [7]
En vista de ello, y por todo lo que se ha desarrollado anteriormente, es posible sacar algunas conclusiones finales:
1. Dado que la cantidad de Poder en un sistema político y para una época
histórica determinada es constante, la conformación de un Poder a
escala global necesariamente requiere una pérdida de Poder por parte de
los demás organismos políticos existentes en el ámbito internacional.
2. La imposición de objetivos globales y el desplazamiento de decisiones
vitales hacia organismos internacionales centralizados, forzosamente
significa una pérdida de soberanía por parte de los Estados nacionales.
3. Los Estados que permiten esta merma en su soberanía se ven
imposibilitados de actuar libre e independientemente en la síntesis
efectiva de sus tensiones internas y, en consecuencia, pierden una
capacidad correlativa de defender sus intereses en el ámbito externo.
4. Los Estados que pierden la capacidad de ejercer la integralidad de un
Poder político soberano, pierden con ello su capacidad para gobernar
efectivamente y se convierten en meros administradores al servicio de
los organismos del Poder supranacional.
5. Los Estados meramente administradores de un Poder delegado actúan, en
primer lugar, defendiendo los intereses y realizando los objetivos de
los titulares del Poder real. Al hacerlo, esos Estados se volverán
progresivamente incapaces de cumplir con sus funciones específicas y, en
consecuencia, serán percibidos como ilegítimos por los Pueblos
involucrados aún cuando, formalmente, se hayan constituido respetando
los procedimientos legalmente instituidos.
6. La estructura que esta arquitectura del Poder implica es imperial.
Dentro de ella, las actuales Naciones tienen reservado el papel de meras
provincias, gobernadas por un estrato de dirigentes que, habiendo
renunciando a luchar, han elegido al Poder supranacional para rendirse
ante él.
7. Dentro de esta estructura imperial, sus integrantes no tienen la
opción de luchar por sus propios intereses y contra sus verdaderos
enemigos sino que, habiendo puesto su Poder al servicio del organismo
imperial, deben hacerlo contra los enemigos designados por este
organismo.
8. Las fuerzas globalizadoras, al estar determinadas predominantemente
por criterios económicos y un ejercicio del Poder desprovisto de las
correspondientes responsabilidades políticas, no pueden garantizar una
conducción adecuada, ni una síntesis satisfactoria de las divergencias,
ni poseen tampoco una planificación coherente más allá de los plazos
normales del mercado. Consecuentemente, la globalización — tal como está
formulada, diseñada e instrumentada — preanuncia una progresiva
multiplicación de los conflictos, una progresivamente cada vez mayor
coerción necesaria para reprimirlos y una progresivamente cada vez menor
capacidad para preverlos.
9. El proyecto globalizador, no respeta las diferencias etnoculturales e
históricas de los distintos Pueblos al pretender imponer sobre todos el
mismo modelo político y económico el cual, además, carece de objetivos
políticos precisos más allá de una vaga promesa de bienestar material.
En el largo plazo, aún esta promesa se volverá imposible de cumplir, por
dos motivos: primero, porque no integra adecuadamente los objetivos y
las aspiraciones de las Naciones sojuzgadas y, segundo, porque basa el
bienestar material en un sistema de producción que se halla fuera del
control del Poder político por lo que no existe garantía alguna de
equidad o de justicia.
10. Desde el punto de vista político, la estrategia de la globalización
es inviable. Las Naciones afectadas por ella deben seguir una doble
estrategia: por un lado deben hallar el camino de aprovechar las
oportunidades económicas y tecnológicas que ofrece y, por el otro, deben
preservar sus estructuras políticas — manteniéndolas flexibles si no
cuentan con el Poder suficiente para una oposición frontal — pero
fortaleciéndolas con miras a aumentar su Poder a medida en que el
proyecto globalizador demuestre su inviabilidad y se aproxime al
colapso.
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Notas:
[1]. Cf. Aristóteles, "La Política"
[2]- Cf. Carl Schmitt “La esencia de lo político”.
[3]- De dónde vienen nuestras actuales palabras de "hostil", "hostilidad", "hostigar", etc.
[4]- De cuya raíz proviene, como es casi obvio, "enemigo" y "enemistad".
[5]- Término que nuestro lenguaje
actual ha incorporado en palabras tales como "antagonista",
"antagónico", "antagonismo" y también "agonía", etc. Curiosamente,
parecemos haber retenido el significado de esta palabra griega, a la vez
que perdido el de la latina inmicus. Aún hoy, cuando hablamos de
"antagonismo" generalmente nos referimos a un conflicto menos grave que
aquél otro al cual calificaríamos de "enemistad".
[6]- Carl von Clausewitz, "De la Guerra"
[7]- Cf. Adrian Salbuchi, "El Cerebro del Mundo", Ediciones del Copista, Córdoba 1999.
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